GALI VETA LA ABROGACIÓN DE LA ‘LEY BALA’ QUE HIZO EL CONGRESO

PUEBLA, MÉXICO.- Por generar un vacío legal en la regulación de la fuerza pública, vulnerar la autonomía de la FGE y aplicar el criterio de retroactividad, el gobernador Antonio Gali Fayad vetó la abrogación de la Ley Bala y la reforma al artículo 16 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.

Así lo refieren los oficios SGG/196/2018 y SGG/197/2018, en los cuales el Ejecutivoinformó a la LX Legislatura que los dictámenes aprobados por el pleno tendrán que modificarse para someterse nuevamente a votación, y de no encontrar fallos, lograr su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Observación en la Fiscalía

En lo que respecta a la designación de un suplente en la FGE, ante la ausencia del titular, la observación hecha por Gali Fayad es que al modificar al artículo 16 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para permitir que el Congreso designe al Fiscal General, vulnera la autonomía del organismo.

Además, se precisa que la reforma aprobada el pasado 24 de septiembre no puede aplicarse de manera retroactiva, tal como lo plantea el nuevo artículo tercero transitorio. Este indica que si al momento de que la disposición entre en vigor, el Fiscal General se separó del cargo por más de 30 días, se considerará como ausencia definitiva, y se aplicará el artículo 97 constitucional para iniciar con el proceso de designación.

El tercero transitorio viola la Constitución Federal porque es retroactivo. Es principio general del derecho que todas las normas regulan conductas. Por ese motivo, la regla es que las leyes no rigen hacia el pasado, sino hacia el futuro. Y su vigencia surge a partir de la publicación en el medio de difusión oficial. Con esta medida se protegen situaciones jurídicas o derechos adquiridos que surgieron bajo una ley anterior jurídicamente válida”.

 

Abrogación de Ley Bala deja vacío legal

La abrogación de la Ley Bala dejaría un vacío en la regulación de la fuerza pública, y la disposición de que en 60 días las corporaciones policíacas emitan reglamentos genera “ambigüedad”.

Dentro de los argumentos citados por el Ejecutivo, se manifiesta que el dictamen que se validó por unanimidad en el pleno del Congreso, no da certeza sobre el plazo en el que se deben emitir los lineamientos.

“El segundo transitorio del decreto que abroga la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla, establece: las Instituciones Policiales del Estado de Puebla deberán en un término menor a 60 días naturales a emitir marcos regulatorios que antepongan la protección de los derechos humanos y la presunción de inocencia al uso de la fuerza pública”.

“En principio la redacción no es clara en señalar a partir de cuándo iniciará el término para que las instituciones policiales emitan los marcos regulatorios correspondientes, es decir si a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Estado o a partir de la entrada en vigor del decreto”.

De igual manera, se indica que, ante la importancia que conlleva la regulación del uso de la fuerza pública, esta disposición no debe quedar establecida en un reglamento de carácter administrativo, sino en una ley.

 

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