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El exdirigente siempre ha mantenido su inocencia, señalando que este caso, como otros cargos de corrupción pendientes de juicio, son intentos para mantenerlo fuera de la carrera presidencial. A pesar de los problemas legales que han enojado a algunos brasileños, las encuestas dan a Lula como favorito para hacerse con el poder.

Los abogados de Lula sostuvieron que su cliente tiene el derecho constitucional de permanecer en libertad hasta agotar todas las apelaciones posibles, pero en un caso no relacionado de 2016, el alto tribunal discrepó con esa línea argumental, dictaminando que un condenado debería empezar a cumplir su sentencia tras la denegación de la primera apelación.

El martes,  miles de personas salieron a las calles de ciudades como Río de Janeiro, Sao Paulo, y Brasilia a manifestarse favor y en contra de que el  STF conceda este miércoles un “habeas corpus” al expresidente para evitar que ingrese en prisión, a pesar de haber sido condenado a 12 años y un mes de cárcel por corrupción.

El STF, compuesto por 11 jueces elegidos por el jefe del Estado, algunos de ellos por el propio Lula cuando fue presidente (2003-2010), se pronunciará hoy sobre el recurso, que podría crear jurisprudencia y beneficiar en bloque a condenados en la operación Lava Jato, una investigación judicial por corrupción.