Nidya Hernández/Domingo7
TEHUACÁN, PUE.- El Ayuntamiento de Tehuacán y Ooselite desacatan orden que un juez que implementó como medidas provisionales, el mantener el estado en el que se encontraba el servicio de recolección de basura, en la ciudad, al enfrentar demanda por OLIMPIA.
En la audiencia conciliatoria celebrada este día, no hubo arreglo, por lo que el Síndico del Ayuntamiento de Tehuacán, tiene 12 días para contestar la demanda presentada por Olimpia ante las acciones violatorias implementadas por Ooselite al retirarles sin previo aviso el servicio de recolección de basura, faltando al contrato y convenios establecidos.
La empresa Olimpia presentó una demanda contra el Ayuntamiento de Tehuacán y el Ooselite (Organismo Operador del Servicio de Limpia de Tehuacán) en donde exigen los derechos que tienen conforme al título de concesión y conforme al incumplimiento de los demandados a lo largo de varios años, informó José Mauricio Gómez Sánchez, representante legal de la empresa Olimpia.
“El juez civil dictaminó como medidas provisionales, continuar trabajando para que la ciudadanía no se viera afectada en el servicio, sin embargo sin previo aviso decidieron terminar con la relación, haciendo desacato a una autoridad judicial”.
Hubo incumplimiento del Ayuntamiento y Ooselite, declaró Gómez Sánchez debido a que al momento que se presenta la demanda que admitió el juez, dictaminó unas medidas provisionales como el mantener el estado en el que se encontraban sin embargo de una manera unilateral la autoridad envía un oficio a Olimpia en donde le prohibió continuar llevando actividades para prestar el servicio como sería la recolección el traslado y el confinamiento de la basura.
“Aceptamos la decisión ilegal, con la finalidad de no exponer nuestros bienes y a nuestros trabajadores, acatando la ilegal orden que nos daban”
En cuanto a la deuda del Ooselite a Olimpia José Mauricio Gómez Sánchez, informa que no está determinada, debido a que se hizo un reclamo inicial de la demanda, el siguiente paso es esperar los 12 días que marca el código para que las autoridades demandadas presenten su contestación y den su versión de los hechos ante el juez para que puedan seguir adelante.
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