GOBIERNO MEXICANO NO MUESTRA VOLUNTAD POLÍTICA PARA PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS

Ciudad de México.– Seis organizaciones civiles pidieron al gobierno estadounidense detener el flujo de dinero en efectivo que recibe el Ejército mexicano por considerar que México no ha cumplido con el requisito de mejorar la situación de derechos humanos de sus ciudadanos y tampoco ha investigado los delitos y abusos que sufren a manos de las fuerzas de seguridad.

A más tardar el 30 de septiembre, el Departamento de Estado debe reportar al Congreso de Estados Unidos si México ha cumplido con el requisito de mejorar su situación de derechos humanos en cuatro áreas fundamentales a fin que le sean entregados los fondos específicamente apartados para los militares mexicanos.

Para Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Fundar Centro de Análisis e Investigación, el Grupo de Trabajo de América Latina (LAWG, por sus siglas en inglés, y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), el gobierno mexicano no ha mostrado voluntad política para proteger los derechos humanos.

“Tomando en cuenta la impunidad generalizada en casos de violaciones a derechos humanos en México y que el gobierno no ha enfrentado debidamente abusos como la tortura y las desapariciones forzadas, el Departamento de Estado debe abstenerse de certificar que en México hay progreso en estos temas. Apoyar incondicionalmente a las fuerzas de seguridad en México cuando no se rinden cuentas por violaciones a derechos humanos solo empeorará la situación del país, en lugar de mejorarla”, dijo Maureen Meyer, Coordinadora Principal del Programa de México y Derechos de los Migrantes en WOLA.

Las organizaciones pusieron como ejemplo de las violaciones a los derechos humanos cometidos por el Ejército mexicano, la resolución judicial que determinó que la Procuraduría General de la República (PGR) no investigó con diligencia el caso de los soldados responsables por la muerte de 22 civiles en Tlatlaya, Estado de México, en junio de 2014, y que tampoco investigó la cadena de mando de la orden de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.

“Esta sentencia es una prueba más de que el gobierno mexicano no cumplió con el primer requisito para recibir la asistencia de Estados Unidos”, precisaron las organizaciones mexicanas e internacionales.

Info. Sin Embargo

 

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