QUE SE CASTIGUE CON 80 AÑOS DE CARCEL POR FEMINICIDIOS EN PUEBLA: DIP. GARCÍA OLMEDO
PUEBLA.- Desde el Congreso de Puebla buscan castigar hasta con 12 años de cárcel a los funcionarios públicos que entorpezcan o retarden las investigaciones de feminicidios, así como elevar a 80 años de prisión la pena máxima por cometer el delito.
La iniciativa presentada por Rocío García Olmedo, diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tiene como objetivo ampliar la lista de circunstancias y agravantes por feminicidio, para que el delito pueda ser tipificado con mayor facilidad y sancionado de forma más severa.
En la propuesta para reformar el Código Penal del Estado, también se contempla que los Ministerios Públicos prohíban la cremación de los cuerpos de las víctimas hasta que no exista una sentencia firme, ante la posibilidad de recabar más pruebas para esclarecer los hechos.
Actualmente el delito de feminicidio se castiga con 40 a 60 años de prisión en Puebla, pero la iniciativa de la legisladora priísta establece que las penas podrían incrementar de 53 hasta 80 años si se comete bajo alguna de los siguientes circunstancias:
I. Cuando la víctima sea mujer menor de edad, adulta mayor, indígena, estuviera embarazada o padezca alguna discapacidad.
II. Cuando el responsable sea servidora o servidor público y haya cometido la conducta valiéndose de su cargo o haya intervenido en cualquier etapa del hecho delictivo.
III. Si fuera cometido por dos o más personas.
IV. Si fuera cometido en presencia de personas con quienes la víctima tuviere vínculo de parentesco por consanguinidad, afinidad, civil o una relación afectiva o sentimental.
V. Si la víctima se encontraba bajo el cuidado o responsabilidad del sujeto activo, utilizando los medios o circunstancias que su cargo o situación personal le proporcionen.
VI. Si el delito fuera cometido tras suministrar estupefacientes o psicotrópicos para causar la inconsciencia de la víctima.
Aunado a ello, se propone castigar con tres a ocho años de cárcel y multas de 43 mil 440 hasta 130 mil 320 pesos a los servidores públicos que retarden o entorpezcan las investigaciones de feminicidios, además de ser destituidos o inhabilitados de sus cargos de tres a 10 años.
En caso de que los servidores públicos se desempeñaran como policías, autoridades del Ministerio Público, fiscales, jueces o prestadores de servicios de seguridad privada, las sanciones podrían aumentar hasta 12 años de prisión.
La iniciativa de Rocío García Olmedo ingresó al Congreso local la semana pasada y fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis y posible aprobación.
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